España ocupa el séptimo puesto a nivel mundial de los países más comprometidos con la ciberseguridad. Por delante de España en este ranking encontramos países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Singapur, Estonia y Lituania, según el estudio realizado en el Global Cybersecurity Index de 2018.

En comparación con el estudio que se realizó en 2016 en el que España recibió el puesto 19, se ha podido comprobar una gran mejoría en todos los ámbitos en los que se desglosa esta puntuación, que son: Legal, Técnico, Organización, Construcción de capacidades y Cooperación.

Este estudio realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones realiza cada cierto tiempo una encuesta a diferentes países para medir su nivel de compromiso con la ciberseguridad. Este estudio se realiza además con la motivación de mejorar las estrategias gubernamentales de ciberseguridad, de tal manera que se llegue a impulsar una cultura global de ciberseguridad, tanto a nivel de gobierno como también a nivel de las empresas nacionales de los países que participan.

A cada uno de los países participantes se le realizan una serie de preguntas sobre 25 indicadores concernientes con las áreas anteriormente mencionadas (Legal, Técnico, Organización, Construcción de capacidades y Cooperación), y cada Estado debe responderlas. Una vez que todos los participantes hayan contestado dichas cuestiones, los datos recogidos se analizan y se comparan los resultados. Aunque hay que tener presente que este estudio no recoge el nivel de preparación de cada país para responder a ataques cibernéticos.

En el último estudio realizado se pudo observar una mejora de todos los participantes comparado con estudios anteriores, aunque los países de la Unión Europea son los que suelen ir a la cabeza. Esto refleja un interés cada vez mayor en materia de ciberseguridad por parte de estos países implicados en el estudio. Esto es algo a tener en cuenta, ya que cada vez los ciberataques son más frecuentes y los países deben estar mejor preparados para estos. Un robo de información a una organización gubernamental puede producir graves efectos en áreas como la seguridad o la economía del país.

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